Hoy se recuerda, con mucho pesar, el mayor golpe a la democracia en la historia de nuestro país. 

Han pasado 24 años desde aquella trágica noche del año 1992, donde el sentenciado expresidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso de la República e intervino en el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y la Contraloría General de la República, quebrando de esta manera el régimen constitucional e implantando un régimen dictatorial y corrupto bajo el nombre de gobierno de emergencia y reconstrucción nacional.

Aquella noche, los militares y sus tanques tomaron el control de las calles, las plazas y las principales instituciones públicas y privadas del país, mientras que el ahora sentenciado Fujimori dirigía un mensaje televisado en el que anunciaba sus terribles decisiones.

Punto aparte es mencionar a los medios de comunicación, quienes fueron intimidados por los uniformados que llegaban con fusiles en la mano para tratar de amedrentar a los directores y demás periodistas que laboraban, a fin de tratar de silenciar las informaciones o denuncias contra el autogolpe de Estado que en esos momentos daba a la democracia.

Pero retrocedamos un poco más atrás de este trágico acontecimiento. Después de una campaña electoral indecente donde el APRA, grupos de izquierda y un nobel partido liderado por Fujimori se unieron para demoler la imagen del candidato del Frente Democrático (Fredemo), Mario Vargas Llosa.

Recordemos que Vargas Llosa había sido el más ferviente e importante opositor a las medidas populistas y estatistas del gobierno de Alan García. Él había comprometido su palabra de llevar a cabo una profunda revisión de las cuentas del Estado, identificar el sinnúmero de actos de corrupción que el gobierno del “partido del pueblo” le había heredado al país, junto a la inflación más grande de la historia y a la violencia terrorista que no se supo enfrentar en su momento. Al final la campaña de demolición termino llevando a Fujimori a Palacio de Gobierno.

Instalado en Palacio de Gobierno, y a pesar del apoyo que recibiera por parte de los principales grupos políticos representados en el Congreso, los mismos que en más de una oportunidad respaldaron los pedidos de delegación de facultades que provenían del Poder Ejecutivo, decidió arremeter de manera virulenta contra los partidos políticos, los órganos del Estado, las instituciones democráticas. En suma, Alberto Fujimori y compañía, esos que luego se convertirían en los dueños del Perú, no querían oposición de ningún tipo, ni política, ni institucional, por eso había que destruir las bases mismas del Estado de Derecho, de ese Estado que a duras penas se mantenía en pie en el Perú de los noventa.

Luego del autogolpe, Fujimori destituyó a los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de Garantías Constitucionales, intervino a los demás organismos constitucionales, limitó la libertad de prensa y comenzó una dictadura que duraría 8 años y que dejó al país con una institucionalidad debilitada, una economía en recesión, violaciones a los derechos humanos y actos sistemáticos de corrupción.

Y como no podía ser de otra manera, sus funcionarios rapaces empezarían a copar todas y cada una de las instituciones del Estado. Era solo cuestión de tiempo, el dictador empezaba a construir las bases de su imperio, nadie, ningún hombre o mujer que se le opusiera saldría bien librado, en poco tiempo, algunos medios, esos que decidieron no vender su línea editorial o negociarla a cambio de algún beneficio tributario, empezaron a dar cuenta del abuso, del atropello, de la persecución que sufrían aquellos que se atrevían a decirle no al autócrata.

¿Pero quienes fueron los señores que sirvieron a Fujimori para concretar esta medida?

Los Ministros que suscribieron la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, norma con la cual se quiso legitimar jurídicamente a la dictadura fueron Oscar de la Puente Raygada, Carlos Boloña Behr, Jaime Yoshiyama Tanaka, Víctor Joy Way, Absalón Vásquez Villanueva, Juan Briones Dávila, Víctor Malca Villanueva, Augusto Blacker Miller, Jaime Sobero Taira, Fernando Vega Santa Gadea, Augusto Antonioli Vásquez y Víctor Paredes Guerra. Todos hoy en día en condición de acusados, sentenciados y hasta en algunos casos: prófugos.

Como bien dice la canción, nada dura para siempre, tuvimos que esperar 8 años pero al final la dictadura cayó como caen todas las tiranías de ese color, cayó porque algún cómplice inconforme filtró información que ponía al descubierto el nivel de podredumbre al cual Alberto Fujimori nos había empujado, como país y como sociedad.

Se nos dijo en ese entonces que la democracia no servía para nada, que lo que el Perú necesitaba era un gobierno fuerte, con mano de hierro para solucionar los problemas, que las decisiones se toman con rapidez, sin asambleísmos ni politiquerías que no conducen a nada. Hoy sabemos que todo eso es falso, que Alberto Fujimori no podía decir la verdad, que el dictador y los pillos que cargaron sus bolsas de dinero eran incapaces de mirarse al espejo y no sentir temor de sí mismos.

Aunque aún en nuestros días, los seguidores de Fujimori siguen justificando con uñas y dientes esa medida, argumentando que gracias a ello se permitió devolverle la estabilidad económica al país y derrotar al grupo terrorista Sendero Luminoso, lo cierto es que también es innegable que el control absoluto del poder permitió el inicio de la gigantesca red de corrupción que lideró su asesor y mano derecha Vladimiro Montesinos.

Después de 24 años puedo decir firmemente que la democracia es política y éticamente superior a la dictadura por donde se la mire, no sólo por ser la forma de gobierno que reconoce como valores supremos a la libertad, igualdad y justicia, sino porque es el único sistema que le permite al ciudadano fiscalizar el ejercicio del poder, evitando que este se concentre en una o pocas manos, evitando de ese modo el saqueo y el pandillaje a gran escala.